ALERTAS EN EDUCACIÓN
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ALERTAS EN EDUCACIÓN

UNA MIRADA A LOS PROGRAMAS DE GOBIERNO GABRIEL BORIC Y JOSÉ ANTONIO KAST

Mirar los programas presidenciales, desde sus compromisos principales, aporta certezas sobre las prioridades y sobre la dirección de las políticas y de las acciones que propone implementar si logra ser elegido. Ello es imprescindible en un momento en el que éstos se están revisando y moderando a la luz de la segunda vuelta presidencial, el próximo 19 de diciembre.

Este análisis revisa los compromisos de educación escolar de los programas de los candidatos Boric y Kast (no incluye Educación Superior), poniendo atención en lo que establecen como visiones y prioridades educativas y aquello que requieren mayores aclaraciones por las incertidumbres que pueden generar, o que parecen particularmente complejos de implementar. Es claro que los programas de gobierno dan cuenta de las grandes líneas de trabajo y no siempre entregan luces acerca de cómo se implementará lo que se compromete. Pero es claro también, que ellos debieran aportar más certezas que dudas.

  1. Programa de don Gabriel Boric[1]

El Programa pone a Educación como una de las cuatro reformas estructurales y promete avanzar en un sistema educativo público, gratuito y de calidad, mediante un Plan de reactivación del aprendizaje y bienestar de las comunidades educativas y el establecimiento de un Estado social de derechos en educación.

El Plan de Reactivación del Aprendizaje y Bienestar de las Comunidades Educativas, es sin duda un acierto al abordar los problemas derivados de la pandemia que han impactado a la educación, a los estudiantes y a las comunidades educativas. Sus cinco líneas de trabajo, abordan problemas relevantes y complejos. Algunas de las soluciones propuestas requieren mayores aclaraciones, otras, ajustes importantes.

Es preciso alertar que las soluciones propuestas derivan, en casi todos los casos, de definiciones centralizadas en el Ministerio de Educación, con orientaciones, instrumentos y decisiones que “bajan” hasta las comunidades educativas, desde el Nivel Central del Mineduc. Lo mismo en relación con el Programa de bienestar que se anuncia y con la ampliación de la cobertura de Internet, de equipamiento y capacitación informática para todos los niveles educativos y la continuidad a iniciativas de aprendizaje no presencial a través de televisión. Hay un aprendizaje ya realizado de las capacidades y de la pertinencia local de las soluciones para asegurar su éxito, que parecen desconocerse en las propuestas.

Llama la atención las garantías que se comprometen para las condiciones laborales, sanitarias y de infraestructura de las comunidades educativas, porque la mayoría de ellas, implican la revisión y cambio de normas a las que se llegó luego de complejas negociaciones legislativas.

Finalmente, no es posible dejar de comentar que las líneas de trabajo referidas a la activación educativa integral y al bienestar socioemocional para las comunidades educativas, parecen desconocer la existencia de instrumentos ya institucionalizados por más de una década en los establecimientos educacionales, como lo son el Proyecto Educativo Institucional y los Planes de Mejoramiento Educativo (PME).  Estos tienen un carácter estratégico en la gestión del centro educativo, están financiados, sobre todo, en el marco de la Subvención Escolar Preferencial y las innovaciones y mejoras propuestas debieran integrarse a ellos.

Sobre Educación y Estado social de derecho[2], se propone impulsar “un enfoque integral de la educación, que desarrolle la creatividad y el pensamiento crítico, que prepare para vivir en comunidad, y permita desplegar la diversidad de proyectos de vida, poniendo las artes, el deporte, el bienestar y el desarrollo humano en el centro del proceso educativo”[3]. Ello, a través de acciones en Educación inicial, Educación Pública, una “Educación para el Siglo XXI”, el reforzamiento del protagonismo de profesores y asistentes de la educación y la inclusión escolar.

No se describe los alcances de la visión de Estado social de derechos en educación. Parece claro que ella debiera referirse a un conjunto de desigualdades educativas que se busca abordar y superar. Si así fuese, ayudaría a comprender mejor esa visión, un enunciado de las desigualdades que se superarán en el período presidencial, o al menos, una medida de su avance.

Por otra parte, se observa reiteración en la promesa de “Garantizar”, sin que se expliciten los medios e instrumentos para asegurar su cumplimiento y para el acceso a las personas de ese derecho.

En Educación inicial, no resulta clara la relación entre propuestas y problemas que esperan resolver. Por ejemplo, equiparar el financiamiento de las distintas instituciones con aporte estatal, no asegura, en sí, como se indica, el mejor funcionamiento y calidad pedagógica. Respecto de la transformación de los Jardines VTF, la solución que pasen a ser parte del sistema de educación pública requiere aclaraciones, entre ellas: ¿a qué sistema público se refiere, a JUNJI o a al nuevo sistema de educación pública?; si es lo último, ¿el cambio será gradual, siguiendo la instalación de los nuevos SLE?; ¿Qué se hará con los Jardines VTF particulares, de instituciones sin fines de lucro?; ¿JUNJI dejará de supervisarlos y asesorarlos?

En Educación Pública, el Programa se compromete a abordarel impacto laboral en funcionarios municipales, desconociendo que la principal dificultad en relación a esto, no radica en los concursos, sino en que la mayoría de ellos no cumple con los perfiles de cargo diseñados para los nuevos servicios. Los problemas más complejos, no se abordan: ¿Qué se hará con los municipios que han incrementado significativamente el personal antes del traspaso al nuevo sistema de educación pública?, ¿Cómo se abordará la herencia municipal de sobredotación de docentes y asistentes de la educación detectada en las evaluaciones y que constituye una de las razones del déficit financiero detectado en los SLE? Sorprende que no se aborde la dificultad principal de la nueva institucionalidad de la educación pública referida a las capacidades de los nuevos Servicios Locales de Educación (SLE) para centrar los esfuerzos en el desarrollo educativo y pedagógico y en una nueva visión de la educación pública que sea reconocida por la comunidad como mucho mejor que la que están dejando atrás. Los nuevos Servicios han sido consumidos por las tareas administrativas y las comunidades no logran apreciar las ganancias del nuevo sistema.

Sobre Educación para el Siglo XX, no resulta del todo clara la asociación que se hace entre una formación integral, creativa y de participación ciudadana, con dejar atrás un curriculum extenso y contenidista, una pedagogía directiva y un sistema evaluativo que presiona por desempeño en pruebas estandarizadas. Ello no considera la Priorización curricular, que aborda los objetivos imprescindibles para todos los niveles y asignaturas del sistema escolar, el hecho que desde los años 90 el currículo está ordenado por objetivos, fundamentales antes, de aprendizaje ahora. Lo de “pedagogía directiva”, no es lo que se promueve desde las políticas (Marco para la Buena Enseñanza, Marco para la Buena Dirección y Liderazgo Escolar, Sistema de Desarrollo Profesional Docente), tampoco desde la formación de docentes (Estándares para la formación inicial de docentes), ni desde la evaluación del desempeño docente del Mineduc. Es discutible también que la formación integral de los estudiantes no sea posible por la presión que ejercen las pruebas estandarizadas, considerando que el Sistema de aseguramiento de la calidad de la educación existente, hace tiempo ya que es mucho más que pruebas estandarizadas.

Se promete también el reemplazo del sistema de evaluación nacional, sin aclarar el nuevo sistema de evaluación que se propone. ¿Se trata de un sistema de evaluación que elimina la categorización de los establecimientos educacionales y las consecuencias asociadas a esas categorías? ¿O simplemente elimina la evaluación como medio de información del aprendizaje de los estudiantes y de su progreso?  No es posible confundir el acompañamiento, la mejora continua, el desarrollo profesional docente y el aprendizaje integral, con la ausencia de información acerca de cuánto se progresa en ello. Sin evaluación, ¿Cómo se fundamenta la mejora?

Para remover “las dinámicas de mercado en educación”, se propone un nuevo sistema de financiamiento público de la educación, que no promueva la competencia, sino que “garantice el derecho a una buena educación”[4]. En este caso, no hay una sola referencia a las características del nuevo sistema de financiamiento, considerando que abarcará a cerca del 93% de todo el sistema escolar. Se desconoce cómo se asignará, si los criterios de asignación diferenciarán por estudiante, por dependencia, o por territorio, si será gradual y si implicará un incremento de los recursos actuales. Se agrega, además, que se reforzará el término del lucro en la educación subvencionada por el Estado. Con ello, ¿Se está proponiendo una revisión de la Ley de Inclusión, o se está comprometiendo una mayor fiscalización por parte de la Superintendencia de Educación a los establecimientos educacionales subvencionados, cuyos sostenedores dejaron hace tiempo de tener fines de lucro?

Sobre el refuerzo al protagonismo de docentes y asistentes de la educación, merece ser comentado el compromiso de “reparación de la deuda histórica de las y los docentes”, durante el período de gobierno y partiendo por los de mayor edad. Es preciso dimensionar esto, porque la deuda equivaldría al 10.42% del PIB del país al año 2007 y a 1.8 veces el presupuesto total de 2008 del Mineduc.[5] Cualquiera sea la gradualidad del pago, cumplir esta promesa es muy difícil. No sirve mucho señalar que se partirá por los de mayor edad, porque todos ellos son bastante mayores (su universo son docentes que ya ejercían entre 1981 y 1987).

Primeras conclusiones

Se trata de un Programa ambicioso, extenso y complejo en educación, considerando los ámbitos que compromete, las dimensiones sobre las que se propone intervenir, la profundidad y dificultad de los cambios. Es posible que los compromisos demanden dedicar una considerable cantidad de esfuerzos y tiempo de las autoridades y sus equipos legislativos y técnicos, a la discusión de la vasta agenda legislativa que se anuncia, sin garantías de obtener los resultados propuestos, por la composición del poder legislativo. Ello, sin considerar las tareas que podrían agregarse si en el plebiscito de salida, se aprobara el texto que la Convención Constitucional propondrá al país. Un ejercicio de revisión debiera ser capaz de establecer prioridades y niveles de logros posibles en los tiempos y recursos que se tienen.

El Programa elude señalar cómo se buscará revertir el estancamiento de los resultados de aprendizaje de los estudiantes. Hacerlo resulta también difícil de sostener, porque lo que se propone es redefinir los aprendizajes que los estudiantes debieran lograr, mediante un nuevo sistema de renovación del currículo, un nuevo currículo en TP y el reemplazo del actual sistema de evaluación de la calidad de la educación.

Por otra parte, parece necesario revisar y conciliar las relaciones entre el Nivel Central del Mineduc y el rol de los actores intermedios y las comunidades educativas. No obstante que el Programa promete “distribuir el poder del Estado en forma igualitaria en el nivel territorial”[6], las iniciativas que se proponen, siguen ordenadas en la lógica de diseño de la mejora, recursos y materiales que se elaboran en el Nivel Central y que se aplican en el nivel local.

Relacionado con lo anterior, ninguna de las iniciativas propuestas en el Programa da cuenta del fortalecimiento de las capacidades, de las atribuciones y de coordinación de los actores intermedios y locales de educación. Sin ello, los propósitos de descentralización en educación podrían sufrir reveses.

Con excepción del nuevo Sistema de Educación Pública, en general se omiten referencias a los demás administradores educacionales. ¿Qué rol y qué mejoras se proponen al sistema municipal que sigue administrado la educación pública? Ello es todavía más relevante cuando se anuncia que se postergará el traspaso del servicio educativo desde los municipios a los SLE, más allá del presente gobierno, sin que se sepa la magnitud de ello (hoy se cuenta apenas con 11 nuevos servicios y hay que llegar a 70). Respecto de los particulares subvencionados tampoco parece clara la política que se les propone. Hay anuncios de revisión y reforzamiento de medidas asociadas a la Ley de Inclusión y de un nuevo sistema de financiamiento de la educación, pero sin detalles. Tampoco hay referencias a los establecimientos particulares pagados. ¿Se les demandará aportes a la inclusión educativa?

El Programa contiene varias zonas de incertidumbre. En ellas es posible ubicar todas las que son parte de una iniciativa legal y cuyo destino depende de una compleja discusión parlamentaria (la mayoría de las propuestas: traspaso de Jardines VTF a la educación pública, los cambios a la jornada escolar, la suspensión del pago por asistencia, flexibilizar el uso de subvenciones, la suspensión de la aplicación del SIMCE, suspender el ordenamiento de las escuelas de acuerdo a sus resultados, voluntariedad de la evaluación docente, universalización del kínder, carrera directiva para educadoras de los jardines infantiles públicos, nuevo sistema de renovación del currículo, nuevo currículo TP, participación resolutiva de actores de las comunidades educativas, nuevo sistema de financiamiento público de los establecimientos educacionales, mejora de las condiciones laborales de los docentes, carrera directiva para establecimientos de educación pública, reparación deuda histórica de docentes, fin de la doble evaluación docente, ley de educación sexual, fortalecimiento de la Ley de Inclusión.

Provoca incertidumbre también elnuevo sistema de renovación del currículo y un nuevo currículo TP. Ello afecta la gestión pedagógica y curricular de todo el sistema escolar, especialmente de los docentes y de los estudiantes. El compromiso parece desconocer que el Curriculo deriva de la Ley General de Educación, que fija los propósitos y objetivos de la educación. ¿Bajo qué marco regulador se propone este cambio? ¿La actual Ley General? No cabe duda que esta propuesta debiera esperar las luces que habrá en relación a una eventual nueva Constitución Política.

También el reemplazo del sistema de evaluación nacional: es urgente que se entreguen referencias en relación con lo que se quiere hacer en este aspecto: ¿eliminar todo o partes del actual Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación?, ¿Qué roles dejarán para Mineduc., la Agencia de la Calidad de la Educación, la Superintendencia de Educación y el Consejo Nacional de Educación, integrantes de ese Sistema?, ¿Eliminar el SIMCE o las consecuencias de los malos resultados que se expresan hoy en la categorización de las escuelas?, ¿Todas las evaluaciones, incluso las de carácter formativo y los indicadores de desarrollo personal y social de los estudiantes?

Finalmente, el nuevo sistema de financiamiento público de la educación, que involucra el financiamiento del sistema escolar a todos los niveles y modalidades educativas y dependencias (con excepción de la particular pagada). ¿Cuáles serán los nuevos criterios de asignación financiera que reemplazan a la asistencia diaria de estudiantes?, ¿Será gradual?, ¿Serán más recursos o solo se distribuirán de manera distinta?

Programa de Gobierno de don José Antonio Kast[7]

El Programa se aborda desde un “proyecto republicano” en educación, que busca “la excelencia, la competencia y la calidad”[8] mediante la profundización de la libertad de educación y el derecho preferente de los padres y eliminar toda forma de discriminación arbitraria del Estado ante la elección de la educación. Es posible que esta perspectiva requiera una revisión importante, que atenúe su marcado sesgo ideológico, recoja mejor las características actuales del sistema escolar y asuma una perspectiva más pragmática en relación con tareas educativas que parecen prioritarias para estos tiempos.

Varias de las propuestas explicitan garantías y derechos hoy consagrados en la Constitución Política y en las leyes que regulan el sistema educativo. Hay tres principios que parecen ordenar las propuestas programáticas, por una parte, el resguardo de las personas frente al Estado, a través de la libertad de educación, por otra, las garantías que el Estado compromete a las personas y, finalmente, la visión subsidiaria del Estado, a través de condiciones para que la sociedad civil abra, mantenga y organice establecimientos educacionales.

El Programa incluye 23 propuestas, algunas de ellas declarativas de los principios antes señalados, otras que relevan temas educativos y otras más concretas.

Hay propuestas que refuerzan garantías y condiciones educacionales que hoy existen, por ejemplo: el Estado debe garantizar el acceso a la educación inicial y escolar (Propuesta N° 228), el Estado debe crear las condiciones jurídicas y económicas para que la sociedad civil organizada abra y mantenga establecimientos educacionales (Propuesta N° 230), asegurar la diversidad de proyectos educativos (Propuesta N° 231), derecho de los padres a educar a sus hijos de acuerdo a sus convicciones y libertad de enseñanza (Propuesta N° 249).

Hay propuestas que fortalecen a los actores de las comunidades educativas, generando nuevos espacios de información, participación y decisiones. Por ejemplo, la existencia de instancias de “entrenamiento y formación mínimos” que faciliten el intercambio entre las familias de buenas prácticas de crianza (Propuesta N° 232), la existencia de un directorio o junta en todos los establecimientos que reciban fondos públicos, formada por padres, que evalúen la gestión de la institución (Propuesta N° 233), “más información es más libertad”, los padres deben contar con información de las condiciones de aprendizaje de sus hijos, los resultados académicos de estudiantes y de las evaluaciones de docentes y directivos (Propuesta N° 244).

Importa relevar también propuestas que buscan reforzar y mejorar condiciones de enseñanza y de aprendizaje. Por ejemplo, el sistema de evaluación, remarcando que debe contar con “criterios de mejora continua, nunca punitivos”, pero correctivos en el tiempo (Propuesta N° 234), una modificación del rol del profesor, mediante nuevas tecnologías y didácticas (Propuesta N° 239), la consideración de nuevas habilidades a desarrollar en los estudiantes: creatividad, comunicación, colaboración, empatía e inteligencia emocional (Propuesta N° 240), impulsar la enseñanza del Inglés (Propuesta N° 246), el fomento de la educación dual en Educación Técnica (Propuesta N° 247), equipos multidisciplinarios que atiendan integralmente a los niños (Propuesta N° 248) y el Plan nacional de lenguaje, incentivando la lectura, la escritora, la oratoria y el debate (Propuesta N° 250).

Hay aspectos de las Propuestas educativas que requieren mayores aclaraciones o que generan incertidumbres. Entre ellas:

  1. Saber quiénes y bajo qué visiones, establecen los requisitos comunes e interrelacionados entre educación, salud y vivienda, para la capacitación y transferencia de “las buenas prácticas de crianza”, para padres, apoderados y tutores que lo requieren, debido a que no todos ellos ”poseen el mismo acervo cultural” (Propuesta N° 232);
  2. Cuando se propone la libertad de instituciones y programas educativos, dejando al mercado laboral la apertura y cierre de programas (Propuesta N° 237), se requiere aclarar cómo se evita el diseño atomizado de especialidades técnicas, si cada institución define las suyas (asunto que nos retrotraería a los años 80 del siglo pasado). Falta en esto la referencia a un marco de cualificaciones que ordene la formación en niveles de habilidades, competencias y conocimientos, reconocibles para el mundo de la formación y del trabajo. Ello y las cualificaciones sectoriales, son los elementos que dan unidad, facilitan la formación y aseguran transparencia, comparabilidad y transferibilidad al sistema; sin ello no es posible asegurar las trayectorias de las personas.
  3. En relación con la educación pública, solo se hace referencia a la Educación Municipal (Propuesta N° 243), desconociendo la nueva institucionalidad existente, sus avances y desafíos, la visión acerca de su gradualidad y las tareas de fortalecimiento. Tampoco explicita cómo se pretende empoderar a los municipios y a sus directores.
  4. Respecto del mejoramiento de los estándares de la docencia en Educación Parvularia, Básica y Media, no parece suficiente elevar los requisitos de ingreso a las carreras de pedagogía. Es claro que ello no es suficiente y que el sistema deberá enfrentar el déficit de docentes en los próximos años. Se requiere una visión que aborde la complejidad de la formación y del desempeño docente, asunto que la Propuesta N° 245, parece desconocer.

Primeras conclusiones

Se trata de una propuesta muy ideológica y declarativa, que ratifica el marco constitucional actual y no aborda aspectos centrales del desarrollo educativo que el país parece requerir. Por ejemplo:

  • Las propuestas educativas revisadas, no responden a una presentación de necesidades y problemas del sistema educacional. Están destinadas más bien a reforzar ciertos principios y valores, con independencia de las necesidades educativas de los actores del sistema escolar. No quedan claros los problemas que se aborda, pero tampoco los resultados que se espera lograr.
  • La referencia a la crisis educacional, los problemas de presencialidad y retención de estudiantes y la caída del aprendizaje, como resultado de la pandemia, solo merecen un comentario introductorio en la Propuesta N° 238, sin expresar ninguna tarea derivada de ello. Dos años de interrupción de la presencialidad, sin duda han dejado brechas muy complejas, en emociones, en la enseñanza y en los aprendizajes, que requerirán esfuerzos y recursos especiales.
  • No resulta claro el foco de la propuesta o la relevancia de centrar los esfuerzos en el logro de aprendizaje de los estudiantes. Al igual que el Programa de don G. Boric, no  se identifican estrategias para recuperar los bajos resultados de aprendizaje de los estudiantes, los problemas de la enseñanza, las dificultades asociadas a la profesionalidad de docentes, asistentes y directivos educacionales y a las condiciones y recursos de los establecimientos educacionales.
  • Si bien hay varias propuestas referidas a la incorporación de nuevas tecnologías educativas, nuevas didácticas y recursos, ninguna de ellas especifica cómo se incorporará ello al quehacer de las comunidades educativas.
  • En Educación Técnica, solo se hace referencia a la promoción de la educación dual y a la libertad curricular. Se requiere una visión que incorpore el concepto de trayectoria educativa y de trabajo y sistemas de aprendizaje continuo de las personas.
  • La educación pública requiere ser re mirada en estas propuestas, a la luz de los desafíos antes descritos a propósito de las propuestas programáticas de la candidatura de don G. Boric.

Carlos Concha Albornoz

Linares, 01 de diciembre de 2021


[1] Boric., G. (2021): “Programa de Gobierno, Apruebo Dignidad”, estuvo disponible en 1 de noviembre de 2021.

[2] No fue posible encontrar en el Programa una descripción que explicitada qué se entiende por Educación y Estado social de derecho.

[3] Boric, G., op cit., p. 126

[4] Boric, G., op cit., p 131

[5] Biblioteca del Congreso Nacional: Deuda histórica del magisterio. Estado del arte. Revisado en noviembre de 2021, en https://obtienearchivo.bcn.cl/obtienearchivo?id=repositorio/10221/22405/1/Referencia%20BCN%20-%20Deuda%20Hist%C3%B3rica%20-%20Estado%20del%20arte.pdf

[6] Boric, G. (2021), op cit., p. 39

[7] Kast, J. A. (2021): Atrévete Chile. Atrévete a recuperar la educación. Pág. 77 y siguientes. Disponible en https://atrevetechile.cl/base-programatica/

[8] Kast, J A. (2021), op cit., p. 77

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