Opiniones
OPINIÓN: Acusación Constitucional.

Autora: Soledad Alvear V. | Medio: La Tercera.

Era el invierno revolucionario de 1919 cuando Max Weber se presentaba ante un grupo de estudiantes en la ciudad alemana de München. Llevaba bajo sus brazos un texto que luego titularía “política como profesión”. Inspirado por lo destemplado de los discursos revolucionarios de intelectuales y políticos, sostenía que la pasión política pura orientada a una causa justa debía ser acompañada por un verdadero sentido de la responsabilidad y una “adecuada perspectiva”. Pasión, responsabilidad y mesura debían ser virtudes de todo político profesional, frente a vicios tales como el exceso de vanidad, “no saber guardar distancias” o no compatibilizar la ardiente pasión política con la mesura.

Después de las últimas semanas de una combinación de vandalismo, protesta cívica pacífica, excesos en el uso de la fuerza pública y una creciente desinformación en redes sociales, se vienen a la mente las reflexiones de Weber al analizar a algunos políticos. La ardiente pasión de algunos y la confusión y falta de mesura (y algo de vanidad) de otros, no solo ha ayudado a incendiar los ánimos descontrolados, sino que también ha afectado la capacidad de adoptar adecuadamente soluciones a las demandas ciudadanas.

A dichos vicios es posible atribuir las anunciadas acusaciones constitucionales en contra del Presidente de la República y su renunciado ministro del Interior. Se le acusa a este último – utilizando un lenguaje descontextualizado con “épica antidictatorial”- de “sistemática violación a los derechos humanos”.

Una oposición política y una preocupación genuína por el respeto a los derechos humanos, no puede ser sinónimo de exageración retórica que legitime pulsiones antidemocráticas. El contexto de violencia de la primera semana, exigía de parte de las autoridades de gobierno el uso de la fuerza pública y, probablemente también, la declaración de estado de excepción. Aquello no obsta a que la existencia en este contexto de graves casos de apremios ilegítimos o de uso abusivo de la fuerza no deban ser tajantemente denunciados y condenados. Sin embargo, tanto su calificación de “sistemática” como la atribución directa al Jefe de Estado y su ministro como un “ilícito constitucional”, parecen ser poco razonables frente a los datos del INDH. Si hasta un historiador de izquierda calificó la pasividad de los militares ante el pueblo movilizado como un caso “único” en la historia de Chile. Menos aún, si el gobierno ha posibilitado activamente el normal desarrollo del estado de derecho y sus instituciones, las que han actuado en la gestión de la justicia. Se trata, en realidad, como lo he denunciado, de problemas “crónicos” de las policías (no privativas del estado de excepción puntual), cuestión que no ha sido debidamente corregida por los últimos gobiernos.

Es de esperar que los hechos no se desencadenen de forma similar a la Alemania de Weber y que, por el contrario, nuestra clase política reaccione con un ánimo constructivo y colaborativo.

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