Opiniones
OPINIÓN: ¿Por dónde va la Nueva Educación Pública?

Autor: Carlos Concha, profesor.

Luego de casi diez años de discusión, en noviembre de 2017 se promulgó la Ley que creó el nuevo Sistema de Educación Pública. Terminar con el régimen municipal de educación fue una de las demandas del movimiento estudiantil secundario de 2006. Luego de tres gobiernos y cuatro proyectos de ley, se logró establecer un itinerario para que los municipios devolvieran el servicio educacional al Ministerio de Educación. La Ley le asignó la responsabilidad de administrar la nueva educación pública a los Servicios Locales de Educación (SLE) y a la Dirección de Educación Pública (DPE), entidades dependientes del Ministerio de Educación.

Se trata de un hecho inédito en nuestro ordenamiento institucional. Educación es el único servicio traspasado en dictadura que vuelve a su administrador original. Lo hace en condiciones muy distintas eso sí. El año 1981, cuando partió la municipalización, la educación pública cubría al 78% de la matrícula nacional; en 1988 ya había bajado al 60% y en 2019, el porcentaje de matrícula municipal llega al 35%. Nunca, desde que se tiene registros, la matrícula pública había sido tan reducida. La educación municipal sufre de manera directa los efectos de la segregación social de nuestro sistema educativo, concentrando la atención a los sectores sociales más pobres y rurales (CASEN 2017), con presencia muy minoritaria en las comunas de mayor población urbana y con los más bajos resultados educativos. Hace tiempo ya que perdió su condición de base moral de la república, de su progreso y de su igualdad, como soñaron sus fundadores a comienzos del siglo XIX. Los gobiernos democráticos desde 1990, no lograron recuperar su relevancia. No es del caso ahora, revisar las causas de su debilitamiento, sino llamar la atención sobre las oportunidades de revertirlo que parecen desatendidas.

La promulgación de la Ley N° 21.040, que crea el Sistema de Educación Pública, constituye el punto de partida de un proceso inédito y complejo y una esperanza de su recuperación. Se estableció un itinerario entre 2018 y 2025 para el traspaso del servicio educativos desde los municipios a los SLE (estudiantes, personal de los establecimientos educacionales, recintos educativos, convenios y obligaciones). Ello involucra que el traspaso a 70 SLE de los actuales 5.266 establecimientos y 1.615 jardines, con 1.403.535 estudiantes, 112.133 docentes y 85.269 asistentes de la educación. Al año 2020 deberán estar en funciones 11 de estos Servicios. Se dejó el 2021 para una evaluación intermedia de la instalación del sistema y de sus resultados. Como consecuencia de ella, el Presidente de la República podría extender el proceso de traspaso hasta 2030.

El nuevo sistema recompone la unidad de la educación pública perdida con la municipalización. La institucionalidad creada hace posible definir una visión común y un horizonte hacia el cual destinar los esfuerzos de refundación y de fortalecimiento de la educación pública. El instrumento que la Ley establece para esto es la Estrategia Nacional de Educación Pública.

El Ministerio de Educación formula la Estrategia con consulta a las comunidades y al parlamento y la somete a la aprobación del Consejo Nacional de Educación. En ella se fijan los objetivos, metas y acciones de la Educación Pública por ocho años y se indica que los integrantes del sistema deben orientar sus prioridades y objetivos a su cumplimiento. La Ley alineó todos los instrumentos de planificación, gestión y evaluación del desempeño de los SLE y de los establecimientos educacionales, a las metas definidas en la Estrategia Nacional y le encargó a la DEP velar por su cumplimiento. Aquí una primera alerta. Sorprende que, a agosto de 2020, luego de casi tres años de promulgada la Ley, el Sistema carezca todavía de este instrumento, incluso después de haber sido aprobado por el Consejo Nacional de Educación el 13 de mayo pasado. Su ausencia impacta en la principal cadena de valor para una gestión eficaz del servicio educacional, que incluye el Plan Estratégico Local de cada Servicio, los Convenios de gestión educacional con los compromisos de los Directores de los SLE con el Mineduc., los Proyectos Educativos de los establecimientos educacionales y sus Planes de Mejoramiento. Si no está la Estrategia Nacional, cada uno hace lo que le parece mejor a la autoridad de turno, más o menos como es hoy en el sistema municipal.

Una segunda alerta se refiere a la urgencia de revisar los actuales procesos y procedimientos de traspaso e instalación de los nuevos Servicios. Los servicios se han creado, los traspasos se han hecho y se ha asegurado la continuidad del servicio educacional, lo que es altamente meritorio. Pero no se ha logrado que las comunidades perciban que el cambio es beneficioso, que la educación mejora, y que la nueva administración es más confiable que la municipal. Han surgido voces críticas a algunos procesos de selección del personal directivo de los Servicios y de los establecimientos educacionales, a la constitución y elección de los Comités Directivos y de los Consejos Locales, a traspasos con deudas del personal docente y de los asistentes por parte de los municipios, a las competencias de los funcionarios municipales que se incorporan a los SLE y a la falta de programas de inducción para ellos. De igual forma, problemas por atrasos en pago de sueldos y por infraestructura deficiente. Parece urgente un mayor apoyo de la Subsecretaría de Educación en la instalación de los Servicios y demostrar que la nueva gestión educativa es mejor que la anterior.

A muy corto andar, se ha instalado la duda de si el nuevo sistema es financieramente viable. Esta es una tercera alerta. A la fecha no se sabe de la definición de criterios y mecanismos de gestión de los ingresos, de los gastos y un estudio de las condiciones se superávit o de déficit financiero de cada SLE, como Rodríguez, j. y Seeman, A. (2018) lo aconsejan a la DEP. Tampoco se conocen los resultados presupuestarios de los SLE en funcionamiento, especialmente en relación con los principios de equidad, ruralidad, pobreza, poblaciones indígenas y migrantes. Sin duda que un análisis presupuestario anual debiera reflejar esto, especialmente en el primer grupo de SLE (Las Barrancas, Costa Araucanía, Huasco y Costa Cordillera). Esto es de la mayor importancia, considerando que un estudio reciente del BID (2018) sobre financiamiento de la educación en Chile, indicó que los déficits financieros estructurales de nuestro sistema educativo se dan especialmente cuando las unidades de administración agrupan a establecimientos urbanos pequeños y medianos, déficit que persistiría, incluso si se ajustaran las plantas del personal. Señala el informe que no obstante que entre 2004 y 2016, la matrícula general del país ha disminuido en 165.000 estudiantes, se han creado 785 establecimientos educacionales. Es urgente estudiar con seriedad este tema; sería un contrasentido que la nueva educación pública no lograra revertir la desigualdad de recursos por condiciones de tamaño y de sistema de financiamiento, afectando con ello a los SLE que mantienen establecimientos educacionales medianos o pequeños.

El nuevo sistema de educación pública fue dotado de una serie de herramientas para recuperar su relevancia social y cultural y mejorar sus procesos y resultados educativos. Cuenta con valiosos medios para movilizar la participación y el compromiso de las comunidades para construir visiones y sellos educativos y contribuir a su desarrollarlo. La incorporación de miradas territoriales, de la riqueza de las culturas indígenas, del aporte de los migrantes, de los sectores productivos y de educación superior, de la cultura y las artes locales, la promoción de diálogos y encuentros sociales requieren ser incorporados a la gestión de los SLE.

En medio de la pandemia, la nueva educación pública cuenta con poderosos recursos técnico-pedagógicos, como parte de la responsabilidad del Servicio por los procesos de aprendizaje de sus establecimientos. Ello incluye recursos y sistemas de apoyo técnico, de desarrollo e intercambio profesional docente, proyectos pedagógicos y de innovación a disposición del SLE. La acción sobre tecnologías y comunidades y el trabajo a distancia, debieron llevar al conocimiento de la situación particular de cada estudiante y de su familia, a definir sistemas de comunicación con ellos que incluyeran a todos, a mantener sistemas alternativos de tutoría y de refuerzo y a evaluar formativamente a todos los estudiantes. Los SLE están llamados a ser modelos de inclusión, de trabajo en red y de trabajo a distancia y a ello debieran destinarse los esfuerzos en lo que queda del año.

Desplegar la nueva institucionalidad, es importante, pero no es suficiente para recuperar la relevancia de la educación pública en el país. Volver a ser relevante, no es solo más cobertura, es sobre todo una tarea cultural, porque se trata de generar una oferta educacional capaz de abordar la diferenciación y los anhelos de igualdad, inclusión y de eficacia educativa que hoy demandan nuestras comunidades. Implica también desplegar un conjunto de recursos comunicacionales y de interacción social, capaces de restablecer la confianza social en la escuela pública.

 

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