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Sin chantajes

Por Soledad Alvear V.

Como sociedad chilena hemos vivido crisis a lo largo de nuestra historia. Desde nuestro proceso de organización nacional que derivó en la Constitución de 1833, las guerras civiles al principio y final del gobierno de Manuel Montt. Ni qué decir de la Guerra Civil de 1891 o lo traumática de la puesta en marcha de la Constitución de 1925. El golpe militar de 1973 y la imposición fraudulenta de la Constitución de 1980 fue en todo este cuadro el episodio más lamentable de una dictadura infame que nadie puede dejar de condenar. Sin embargo, han pasado ya cinco décadas desde ese terrible día de septiembre y 32 años desde que se terminó la dictadura militar. Hoy estamos en otra realidad y con generaciones que no vivieron nada de lo que padecimos los mayores. Estamos nuevamente en una disyuntiva, pero no es la de ayer.

Hoy algunos nos quieren devolver a esos días. Sienten que es la única forma de establecer un proyecto constitucional sectario. Por lo demás, es fruto de una deliberación donde unos actores se sintieron con el derecho de vetar a otros. Lo mismo que criticaron ayer al dictador lo repiten hoy como conducta. Ante eso no cabe más que rebelarse, porque no creemos que sea bueno para un país pagar con la misma moneda de cambio. Nos rebelamos porque no es cierto que estemos ante una disyuntiva de dictadura o democracia. No nos dejamos engañar ante el falso dilema de la Constitución de Pinochet o el proyecto que nos presentan para plebiscito el 4 de septiembre. No lo aceptamos porque finalmente ambos textos son frutos de la imposición.

La Carta Magna de 1980 no nos gusta y creemos indispensable otra que le hable al Chile de hoy. Por supuesto que valoramos los avances del proyecto presentado en materia de derechos sociales y diversidad para un país que es distinto al de cuatro décadas atrás. Sin embargo, consagra un sistema político y judicial que justamente pone en riesgo esos avances. La razón es muy simple. Es un entramado débil y sin reales contrapesos, con mayorías para las reformas que difícilmente podrán ser garantías de respeto a los derechos esenciales. Le pregunto a esos mismos que defienden el proyecto de texto sobre si en un futuro saliera elegido un gobierno ultraconservador con mayoría parlamentaria que derogara todos los avances que ellos mismos creen que son fundamentales. El problema central es que lo hacen con el criterio de que siempre serán gobierno o que los cambios que proponen son inalterables. La Constitución se escribe pensando en proteger a quienes algún día por definición serán minoría. Además, la propuesta elimina temas centrales, como el recurso de protección, y nos deja con una tutela que es ciertamente un retroceso en la defensa de esos mismos derechos.

Nadie duda de la legitimidad de la Convención, pero no logro entender por qué los ciudadanos estamos obligados en aprobar un texto que no nos convence si en el propio itinerario institucional está la posibilidad de rechazar lo que se nos presenta. Así como hay el derecho de la Convención de presentar una propuesta, los ciudadanos tenemos la libertad de decir qué nos parece. Hoy no tenemos la Constitución de Pinochet. Fue modificada varias veces hasta la gran reforma de 2005. Así y todo, no nos gusta su origen y lo que dice. Sin embargo, tampoco nos gusta esta propuesta. Queremos una tercera opción que abra los caminos a verdaderas mayorías. Por eso no acepto el chantaje que se nos quiere hacer creer. Rechazo con esperanza y con la certeza de que lo podemos hacer mejor para construir la casa de todos.

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