1. La movilización social pacífica que han desplegado miles de ciudadanos manifiesta la demanda por una sociedad más justa e inclusiva. Sabemos que, a pesar de los enormes avances en materia económica y social, todavía existen necesidades urgentes de la población que deben contar con un plan de resolución.
2. Sin perjuicio de valorar las distintas propuestas que han surgido como respuesta a esta demanda, el país requiere de un Acuerdo Nacional de la sociedad chilena sobre una Plan Nacional de Equidad y Crecimiento Sostenible, financiado con ingresos permanentes por parte del Estado y con metas y medidas de corto, mediano y largo plazo, el cual debiera incluir indicadores, para evaluar su avance y resultados, que sean obligatorios de entregar para las autoridades gubernamentales.
3. Lamentablemente las manifestaciones pacíficas han sido acompañadas por una ola de violencia que ha dañado seriamente la capacidad productiva y el empleo de miles de chilenos. Hay una razonable probabilidad que la economía entre en un período de bajo crecimiento o una recesión técnica, afectando las posibilidades de mejor bienestar y expectativas de mayor equidad de la población.
4. Existen fundadas sospechas que los actos más destructivos fueron planificados con anticipación con el fin de afectar la vida cotidiana y las actividades del país. La violencia se expresa en toda violación de los Derechos Humanos y de los derechos de los ciudadanos. La violencia es un obstáculo para la recuperación económica y está deteriorando, particularmente, la vida de los más pobres. El país ha recuperado parte de su normalidad y esto se debe consolidar para asegurar el orden público.
5. La equidad no sólo tiene una dimensión económica, también se refleja en el mal trato y la desigualdad. Requerimos que el Estado, las autoridades y líderes políticos y el sector privado actúen y tomen medidas para que la población, con argumentos plausibles, pueda percibir que el trato es igual para todos, que el imperio del derecho, el sistema económico, la cultura y las relaciones sociales, no distinguen entre ricos y pobres, nacionales o inmigrantes o entre personas de distinto género. Que la educación de calidad es un derecho que todos los niños, niñas y jóvenes tienen, y que las oportunidades reconozcan también el mérito y el esfuerzo.
6. No podemos dejar de mencionar que un país que no crece y que a la vez no distribuye bien,  engendra conflictos sociales. En efecto, nuestro país dejó de crecer al ritmo adecuado desde hace varios años y los anuncios para el 2020 no son auspiciosos.
7. Un Plan Nacional de Equidad y Crecimiento Sostenible que responda a las principales demandas de la población, implica priorizar la asignación de recursos públicos, pues no hay fondos para todo. El Estado responsablemente debe determinar en qué gastará y en qué dejará de gastar, ahora es el momento de terminar con desembolsos innecesarios o ineficientes que no guardan relación con el futuro que queremos para nuestro país. La modernización del estado es imperiosa y cada peso debe ser bien gastado en las necesidades de las personas y comunidades. La contrapartida necesaria a un nuevo incremento de la carga tributaria es la eficiencia en el uso de los recursos públicos.
8. La seriedad que ha mantenido el país en su manejo macroeconómico y fiscal hace posible que exista el espacio para incrementar la deuda moderadamente y financiar proyectos que permitan superar este complejo momento y recomponer el aparato productivo. No obstante, cualquier reflexión sobre los hechos recientes nos lleva a concluir que un Plan Nacional de Equidad y Crecimiento Sostenible, requiere de ambos factores. El país debe recuperar su capacidad de crecer Es importante notar que con 6 años de crecimiento al 4% anual se generaría recaudación fiscal adicional entre 15.000 y 16.000 millones de US$, es decir, casi tres veces el monto comprometido como flujo constante. El crecimiento es la clave y para ello es necesario aumentar la inversión y reducir la incertidumbre política e institucional.
9. Tenemos la oportunidad de transitar hacia una sociedad más inclusiva, más solidaria y más prospera. Pero también tenemos el riesgo de retroceder en niveles de pobreza, empleos y progreso, hipotecando el desarrollo de Chile y defraudando las esperanzas de nuestros compatriotas. Evitar este riesgo es un imperativo ético y urgente. Ello requiere de la generosidad de los actores políticos, económicos y sociales para lograr el más amplio acuerdo posible, sobre un Plan Nacional de Equidad y Crecimiento Sostenible.

Comunidad en Movimiento – Progresismo con Progreso.

Enero 2019

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