PROPUESTAS ECONOMICAS ANTE CRISIS POR COVID-19

1. La pandemia producida por el Covid-19 está generando y generará serios problemas sociales y económicos en todos los países donde se ha hecho presente. Ello requiere de responsabilidad política y de unidad para que las respuestas a la crisis tengan eficacia y legitimidad. No es un momento para hacer propuestas inviables o ideologizadas. Es momento para buscar las mejores soluciones posibles con realismo y lo más amplios apoyos.
2. Por cierto, la primera prioridad es la salud y la vida de las personas y el máximo esfuerzo para minimizar las muertes que se puedan producir por la falta de capacidad hospitalaria para atender a los pacientes críticos y a aquellos con riesgo de muerte. El Estado debe disponer los recursos y medios para satisfacer este objetivo y escuchando las sugerencias de especialistas y alcaldes, tener una sola voz autorizada respetando las decisiones de la autoridad sanitaria.
3. Las graves consecuencias en el ámbito económico que esta pandemia está generando en todo el mundo, demuestra que el funcionamiento de la economía puede tener efectos sociales enormes sobre la vida de las personas, ya que afecta los empleos, la producción y el abastecimiento. Por lo tanto, es un aspecto de la crisis actual que debe estar presente en todas las medidas que se tomen.
4. En estas circunstancias, la prioridad de las políticas económicas debe ser, en primer lugar, hacer el máximo de esfuerzo para mantener el ingreso de las personas, independiente de si pueden continuar laborando o no en el período de restricciones. Las medidas tomadas por el gobierno van en la línea correcta para aquellos que tienen contrato de trabajo, quienes podrán suspender sus contratos o reducir sus jornadas y acceder a prestaciones con cargo al seguro de cesantía. Falta dar una solución para los trabajadores independientes que cumplen sus obligaciones tributarias y también para todos aquellos trabajadores informales que no cuenta con ninguna protección social. También, a través de la provisión de recursos financieros y la implementación de diversas medidas de apoyo al gasto normal de las familias(renta básica temporal, suspensión del pago de cuentas de servicios públicos y deudas y otros), debemos prepararnos para el evento que el período de restricciones para las personas o cuarentena se alargue por un período mayor a dos meses.
5. Durante este shock, aunque sea transitorio, si no se protege adecuadamente la cadena productiva, puede tener efectos devastadores en el largo plazo para la población y el empleo. Sería muy lamentable que, una vez superada la crisis sanitaria, muchos trabajadores se encontraran sin sus puestos laborales. Por esta razón, es urgente que las autoridades, con prontitud y profundidad, dispongan mayores medidas de apoyo financiero a las organizaciones económicas con el objetivo de crear las condiciones necesarias para una rápida recuperación de la economía y evitar eventuales impactos negativos permanentes, con las graves consecuencias en el bienestar de las personas por el alto desempleo y la falta de recursos para vivir.
6. Esto implica mantener la integridad de la cadena productiva. Las entidades económicas están ligadas y operan como conjunto, como una sola función de producción, la caída de una de ellas puede afectar severamente a otras. La quiebra de una empresa de gran tamaño puede arrastrar gran parte de este encadenamiento, infringiendo un severo daño al empleo y la economía. En consecuencia, es vital que el Estado garantice las condiciones de financiamiento necesarias para que aquellas estructuras productivas eficientes y viables en el largo plazo, que están compuestas por compañías grandes, medianas y pequeñas, no enfrenten problemas de liquidez irreversibles. Estas son organizaciones complejas con una gran proporción de activos intangibles, -información, cultura, know-how, reputación, etc.-, por lo cual, la pérdida de valor para el país, que podría estar asociada a un factor exógeno, como la implementación de las necesarias medidas sanitarias desplegadas globalmente, podría ser enorme y sin que medie ineficiencia o gestión no competitiva, es decir, injustificable desde una perspectiva económica.
7. El agente más eficiente para gestionar los riesgos atingentes a esta crisis, que son sistémicos y globales, es el Estado, por lo cual, es este agente el que tiene que velar por que existan flujos de capital de trabajo y condiciones razonables para la reprogramación de pasivos. En este marco, es necesario:
   1. Establecer distintos mecanismos de garantía estatal para los diversos tipos de organizaciones económicas, lo que permitiría aumentar el efecto de los recursos involucrados, usando la infraestructura pública y privada de asignación de recursos, es decir, bancos, factoring, leasing, seguros de crédito, mercados de capitales y otras, de manera que estos compartan algún riesgo y compitan entre sí y estos recursos sean utilizados eficientemente. El Estado podría fortalecer los fondos de garantía existentes, como el FOGAPE, crear otros fondos de garantía especiales u obtener una línea de crédito de alguna entidad para apoyar a las PYMES, la cual ocuparía solo para las empresas que no paguen los créditos que han obtenido. A pesar de ser un mecanismo que no requiere liquidez inmediata, el Estado no tiene la capacidad de obtener una línea de crédito infinita, por ello debe hacerse el mayor esfuerzo posible por salvar al máximo de empresas con viabilidad de largo plazo
   2. Banco Estado, al igual que en otras crisis, debe jugar un rol protagónico. Para esto es necesario una adecuada capitalización del banco, o que permitiría apalancar el monto de los recursos invertidos y amplificar su impacto financiero, económico y social.
   3. La inyección de recursos a entidades estratégicas de mayor tamaño debería hacerse por la colocación de recursos , la emisión de instrumentos de deuda o garantías temporales para el período de mayor iliquidez de mercado, con respaldo accionario, o aumento de capital vía acciones preferentes, y ambos casos que el Estado pueda transar en el momento oportuno., estableciéndose además la prohibición de repartir dividendos, dividir, funcionar y/o cambios de propiedad en los accionistas controladores de la compañía, y, cumplir las exigencias del programa pro pyme de pago a proveedores.
8. La mayor parte de estas medidas requieren liquidez inmediata, por lo tanto, el gobierno debe realizar las gestiones necesarias para proveer estos recursos. Sea a través de fondos provisionados, del propio gobierno, aporte de empresas, retraso en pagos, deuda pública u otros.

Soledad Alvear.

Mariana Aylwin.

Felipe Sandoval.

Luis Lizama.

Gutenberg Martínez.

Zarko Luksic.

Pilar Peña.

Hugo Lavados.

Jorge Tuñon.

Clemente Pérez.

Ernesto Tironi.

Luis Felipe Cristi.

Gerardo Puelles.

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Autora: Aylin Joo |

El Mañana es Ahora: Chile debe firmar el Acuerdo con la UE bajo la actual presidencia alemana

Para un país del tamaño de Chile, permanecer vigente en el sistema internacional es una prioridad de su política exterior. En la actualidad, debido a las devastadoras consecuencias del COVID-19, el mundo está sometido a un alto grado de incertidumbre a nivel social, sanitario, económico, comercial, tecnológico y climático. En este contexto, Chile debe apostar por reforzar y concretar alianzas que serán decisivas para su futuro en la post pandemia. La firma de este Acuerdo de Modernización con la UE será un factor clave para nuestro desarrollo como país.

El proceso de modernización de este Acuerdo se inició en el año 2012 y ha completado 7 rondas de negociaciones, quedando pendientes un par de aspectos, que con la voluntad política de ambas partes se pueden consensuar. El ámbito político y de cooperación será el eje conductor del convenio, mientras que el área económica-comercial, que es el sector que ha concentrado las mayores discusiones, será el otro cimiento de esta asociación estratégica para la relación de Chile con UE. En este contexto, la octava reunión, fijada para fines de septiembre podría transformarse en la última ronda de negociaciones, toda vez que los equipos técnicos continúan trabajando e intercambiando propuestas y posiciones en áreas como indicaciones geográficas, servicios financieros, la Corte de Inversiones, energía y materias primas, entre otras.

Nuestra relación con Europa es de larga data, pero se concretiza con la suscripción del Acuerdo de Asociación Estratégica Chile-UE firmado en el año 2002. Desde entonces, la relación bilateral ha madurado y se ha profundizado dentro de un marco de valores y principios compartidos. Chile fue promotor y anfitrión de la primera Cumbre CELAC-UE (2013), siendo el motor de la relación birregional en la Región. Este liderazgo, ampliamente reconocido por el bloque comunitario, nos permite hoy concretar un nuevo Acuerdo con la UE, más amplio y ambicioso, al incluir áreas prioritarias para el desarrollo de nuestro país, como son los temas de género y comercio, cooperación en ciencia, tecnología e innovación, desarrollo sustentable, entre otros.

En su dimensión interna, este Acuerdo nos permitirá encaminar de una mejor manera las reformas que el país requiere para terminar con las profundas desigualdades que nos afectan y lograr mejores niveles de equidad en las áreas de la salud, seguridad social (pensiones) y una mejor implementación de políticas públicas que apunten a una justa distribución del ingreso. Mientras que, en el ámbito de externo, la firma de este Acuerdo con la UE nos permitirá renovar nuestro compromiso con el multilateralismo, visibilizar a Chile, y proyectar la imagen de un país comprometido con las reformas que nos devolverán la estabilidad política, social y el desarrollo económico. Su firma será, además, una potente señal para las inversiones, considerando que la Unión Europea es el primer inversor extranjero en Chile y nuestro tercer socio comercial.

Chile tiene una oportunidad única en la región para cerrar las negociaciones en septiembre y firmar este Acuerdo con la Unión Europea bajo el liderazgo de la Canciller Angela Merkel. Su firma será también una señal de compromiso por parte del bloque comunitario para con América Latina y el Caribe, donde Chile será el primer país en concretar la modernización de esta alianza robusta y sólida con Europa, que se convertirá un punto de inflexión para nuestra recuperación económica durante la post pandemia, pues el mañana es ahora.

Aylin Joo

Comisión de Asuntos Internacionales

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Autor: Nicolás López |

Cooperación Latinoamericana en tiempos de COVID

En Brasil el 26 de febrero de 2020 es detectado el primer caso de coronavirus en Latinoamérica. Días más tarde en Argentina es confirmada la primera muerte asociada al virus en la región. El 14 de Marzo, el Foro para el Progreso de América del Sur (PROSUR) procede a reunirse, cita en la cual acordaron mantener un canal abierto, constante, y fluido de comunicación para compartir información entre los países integrantes^[1].

En mayo, los presidentes de los países de PROSUR acuerdan establecer un grupo de entendimiento entre ministros de hacienda con miras a enfrentar las consecuencias económicas producto de la pandemia y el confinamiento^[2]. Dichas reuniones son las únicas instancias formales en la región en el marco de la pandemia.

Considerando que actualmente la región cuenta con varios dispositivos de cooperación como los son –CELAC, MERCOSUR, UNASUR-, resulta curioso la escasa o nula utilización de dichas instancias, sobre todo pensando en que la región es una de las más afectadas por la pandemia. En este sentido, la discrepancia de visiones en la región frente a la pandemia ha influido fuertemente en la ausencia de una estrategia conjunta^[3].

Además, existen tres causas precedentes que explicarían la baja cooperación regional en el contexto actual. Primero, el contexto interno previo de cada país antes del coronavirus –muchos de los países de la región atravesaban o atravesaron por crisis político sociales, entre ellos, Chile, Ecuador, Colombia, –lo que resultó en que los países se enfocaran en sus agendas internas.

Segundo, el debilitamiento de las estructuras regionales por disputas ideológicas (destacado por el abandono de UNASUR y la creación de PROSUR), y el acercamiento al bilateralismo como forma de hacer política exterior, la cual ha sido fuertemente influenciada por la forma de hacer política exterior por parte del presidente Trump, resultando en que los gobiernos de Brasil y México repliquen dicha estrategia.

Tercero, el abandono a ejercer el papel de líder regional por parte de las dos potencias regionales –Brasil y México-, sumado a que los líderes de esos países han restado importancia a la pandemia como problema sanitario, ello por ejemplo podría explicar que Andrés Manuel López Obrador no haya considerado activar la CELAC, instancia que actualmente es presidida por el presidente mexicano.

Evidentemente hay un problema de cooperación entre los países de la región, pero los problemas previos y la pandemia muestran con mayor claridad la falta de cooperación regional. Las soluciones de corto y mediano plazo requerirán de colaboración entre los países latinoamericanos, partiendo por instancias informales de consulta para abordar criterios conjuntos para enfrentar la pandemia, y en el mejor de los casos buscar una alternativa de vacuna por medio del trabajo mancomunado entre los países de la región.

Nicolás López

Comisión de Asuntos Internacionales

^[1]Prensa Presidencia, 16/03/20 ttps://prensa.presidencia.cl/comunicado.aspx?id=148331

^[2] Diario La Tercera, 16/05/20 https://www.latercera.com/politica/noticia/coronavirus-pinera-se-reune-con-lideres-de-prosur-y-acuerdan-crear-grupo-entre-ministerios-de-hacienda/JBO7RCHZFVHR3PMPW6GWIRFJKU/

^[3]Villarreal Villamar, María del Carmen; Castells-Quintana, David, (2020) “Más allá del covid-19”, Foreign Affairs Latinoamérica, Vol. 20: Núm. 3, pp. 14-22. Disponible en: www.fal.itam.mx

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Autor: Gabriel González V. |

Protección de datos personales y políticas de vigilancia masiva en tiempos de la Pandemia Global.

Hoy en día vivimos en una sociedad ampliamente digitalizada gracias a la masividad de los computadores y los celulares inteligentes. Esto implica que la mayoría de los usuarios deja un amplio rastro de datos e información detrás de sí, una «huella digital» la cual es generada y recopilada tanto por empresas como Estados sin que muchos se den cuenta. Esta masa de datos se le ha llamado “el petróleo del siglo XXI”, por su enorme valor comercial cuando es compilada y analizada apropiadamente.

El uso de estos recursos digitales por las agencias de seguridad y orden mediante la vigilancia de datos es una tecnología ampliamente adoptada en el combate contra las redes de crimen organizado como el narcotráfico, el terrorismo y la trata de personas^[1]. Sin embargo, en estos tiempos de pandemia, la vigilancia de datos electrónicos se ha convertido en un elemento importante para las políticas públicas de los servicios de salud mediante su uso para el seguimiento clínico y rastreo de ubicación de los infectados por COVID-19.

No pocas organizaciones, como Amnistía internacional^[2], han alertado que, si bien las políticas públicas de vigilancia masiva de datos digitales se usan para el bienestar y la salud pública como objetivo, estas políticas aún corren el riesgo de infringir los derechos civiles de las personas, pudiendo exponerlas a discriminaciones arbitrarias o indebidas producto del inadecuado resguardo de la seguridad o uso de los datos recopilados por las agencias públicas.

En este tipo de situaciones de riesgo o vulnerabilidad de los derechos, especialmente delicadas durante situaciones de crisis o poderes estatales aumentados, como los estados de excepción constitucional, se hacen importantes la existencia de instituciones y legislaciones nacionales actualizadas y efectivas sobre el manejo de datos digitales, tanto por actores privados como públicos. Ejemplo de esto son los recientes esfuerzos en el país para mejorar su resguardo bajo el alero del Consejo para la Transparencia^[3] o las ya establecidas Instituciones en España sobre la protección de datos^[4], las cuales constan no solo con regulaciones sobre el tema sino también con una agencia pública autónoma encargada de la supervisión de estas.

Sin embargo, debido la naturaleza global del espacio digital, es también necesario fortalecer y promover las instituciones y legislaciones internacionales de gobernanza sobre el tráfico y la emergente economía de datos, tales como el acuerdo de Budapest contra el cibercrimen^[5], el Reglamento General de Protección de Datos de la UE^[6] o el programa CICTE de la OEA^[7]. Lo anterior, no tan sólo para resguardar los derechos humanos del uso indebido de estos, sino también para propiciar el uso correcto de la poderosa herramienta que es la información digital en la creación de políticas públicas efectivas en la promoción del bienestar de las personas.

Gabriel González Valderrama

Comisión de Asuntos Internacionales

^[1]ONUDD, 2009,practicas contemporaneas de vigilancia electrónica. https://www.unodc.org/documents/organized-crime/Law-Enforcement/Electronic_surveillance.pdf

^[2] Amnistía Internacional, 02/04/20. https://www.amnesty.org/download/Documents/POL3020812020SPANISH.pdf

^[3] La Tercera, Debate ley proteccion de datos https://www.latercera.com/la-tercera-pm/noticia/el-frenado-debate-sobre-la-proteccion-de-datos-personales-en-el-congreso/EKH5RPZMQ5AMDFQSGD2TBYXSMM/

^[4] Agencia Española de Proteccion de datos, https://www.aepd.es/es

^[5]Acuerdo de Budapest, https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1106936

^[6] Reglamento General de Protección de Datos de la UE. https://europa.eu/youreurope/business/dealing-with-customers/data-protection/data-protection-gdpr/index_es.htm

^[7]Programa CICTE, OEA. http://www.oas.org/es/sms/cicte/prog-ciberseguridad.asp

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Autora: Soledad Alvear V. | Medio: La Tercera.

Chile necesita una sólida política exterior para ser actor en la construcción de la “nueva normalidad internacional” pos-pandemia. Una nueva normalidad que la comunidad de estados y la sociedad civil global tienen que diseñar desde ahora, con capacidad prospectiva y anticipatoria. O sea, mirando estratégicamente el mapa geopolítico y el escenario económico, social y ambiental para el futuro que debemos crear.

La pandemia repercute no solamente en lo sanitario y la terrible pérdida de vidas, sino en lo económico, social y ambiental. Ha llegado a todos los rincones porque la globalización nos alcanza a todos, en lo bueno y en lo malo. El Covid-19 no es la única pandemia que el mundo está sufriendo. Hay otras anteriores, que se van a potenciar, y a las que el sistema internacional no ha podido dar respuesta en las últimas décadas. Desde luego, la desigualdad creciente, el hambre que todavía afecta a más de 800 millones de personas que viven con un dólar al día, con posibilidad real de aumentar en 300 millones más debido a la pandemia. El deterioro del medio ambiente y el cambio climático, causante de migraciones masivas, catástrofes naturales y nuevas epidemias. El crimen organizado, el cibercrimen, las guerras focalizadas, el deterioro de la democracia y muchas otras patologías internacionales que no hemos logrado erradicar. La paz y la seguridad internacional están cada vez más amenazadas por la guerra comercial y tecnológica entre China y Estados Unidos, y también en el Asia las tensiones entre China e India están en un punto crítico, casi prebélico. América Latina sigue cada vez más descoordinada y casi enfrentada entre países y regiones, con serios problemas de gobernanza y emergentes crisis sociales.

En este contexto crítico, que podemos proyectar con realismo por lo menos para una década, Chile tiene que saber ocupar su lugar en el mundo. Porque nada de lo que ocurre globalmente deja de afectar nuestra seguridad, nuestro comercio, nuestra cooperación, nuestro desarrollo. Necesitamos una mirada estratégica para potenciar nuestra política exterior y buscar las alianzas que nos ayuden a posicionarnos, sin desatender la región a la que pertenecemos. Por ejemplo, como ya lo he dicho en muchas ocasiones, con la Unión Europea, que es la primera potencia comercial del mundo, el primer contribuyente de ayuda al desarrollo, una potencia tecnológica y científica, es nuestro socio estratégico con el que estamos a punto de dar un salto cualitativo en el acuerdo de asociación política, comercial y de cooperación que firmamos en 2002 con grandes resultados. La UE es un actor global que sirve de moderador en el escenario internacional, que juega un rol insustituible de protección de los valores que comparte nuestro país. Es el buffer que puede bajar las tensiones en el resto del mundo, tiene actores con peso estratégico que son conocidos y respetados por todos. Una asociación con la UE debería ser parte fundamental del diseño estratégico de nuestra política exterior para la nueva normalidad internacional.

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El confinamiento producto del Coronavirus ha tenido importantes efectos económicos, lo cual ha empujado a los gobiernos a equilibrar medidas de apertura económica con restricciones en la circulación de personas. Organizaciones Internacionales han advertido sobre los peligros de un rebrote producto de dichas medidas. Ante esto es relevante cuestionarse si existen recomendaciones internacionales para comenzar una nueva normalidad.

Para evitar un colapso de largo plazo en la economía, algunos países europeos han decretado medidas de flexibilización de la cuarentena. En Alemania se ha anunciado la reapertura y exención de impuestos para consumo en bares y restaurantes^[1]. En Francia, el territorio ha sido dividido en dos clasificaciones, rojo y verde, para organizar la salida del confinamiento según la situación sanitaria^[2]. Por otro lado, países como Grecia, Italia y España han aperturado sus playas para la temporada de verano, estableciendo medidas de mayor distanciamiento social^[3].

No obstante, la OMS señaló el pasado 27 de abril que “hay que estar seguro al hacer estos cálculos, pues si se flexibiliza demasiado pronto podría haber nuevos casos y quizá haya que dictar confinamientos nuevamente”^[4]. Por su parte, el FMI subrayó que Europa no posee la misma capacidad que Asia para realizar pruebas a gran escala, seguimiento de contactos y aislamiento de casos como varias de las grandes potencias asiáticas, por lo que sería aceptable pensar que, en caso de permitir mayores libertades civiles y económicas, tendrían un mayor riesgo de rebrote de contagios que en oriente^[5].

Como criterios para una eventual reapertura económica, científicos del Instituto Weizmann de Israel proponen combinar 10 días de cuarentena y cuatro de trabajo presencial o de asistencia al colegio^[6]. Por otro lado, la consultora internacional Mckinsey, elaboró una matriz considerando como variables el número de casos nuevos en un área determinada y la fortaleza de los sistemas de salud establecidos para detectar el virus. Estas dimensiones determinan cuatro etapas de preparación para reabrir la economía de los países^[7].

Con todo, más allá de recomendaciones de entes particulares, urge que los Organismos Multilaterales propongan metodologías que sirvan a los gobiernos como fundamento para evaluar la apertura paulatina de sus mercados y límites fronterizos. De lo contrario, decisiones prematuras o con escasa orientación técnica podrían conllevar un riesgo de rebrote tanto a nivel nacional como internacional.

^[1] Fuente: https://www.elmundo.es/…

^[2] Fuente: https://es.euronews.com/…

^[3] Fuente: https://www.weforum.org/…

^[4] Fuente: https://elpais.com/…

^[5] Fuente: https://www.europapress.es/…

^[6] Fuente: https://www.abc.es/economia/…

^[7] Fuente: https://www.mckinsey.com/…

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Autora: Soledad Alvear | Medio: La Tercera.

Todos hemos leído y escuchado en estos días la preocupación en torno a los datos personales y el control del Covid-19. Reconozco que se trata de aquellos temas jurídicos relevantes que asoman cada cierto tiempo, como esas obviedades que quedan al descubierto en épocas de crisis y que solo despiertan asombro e interés cuando se extreman ciertas discusiones públicas.

Eso es lo que ocurre con los datos personales. ¿Son una forma de control de las personas y sus movimientos, que permiten prevenir riesgos a la salud pública?, ¿o bien un control que afecta la autodeterminación del ser humano impactando su libertad y derechos? ¿Cuál ha sido la decisión de cada país? ¿Es posible afirmar que aquellos países que han sacrificado sus controles en torno a la autonomía del movimiento de sus ciudadanos han sido más exitosos en el combate de la pandemia?

Las respuestas son complejas, discutibles y demandan equilibrios.

Sin embargo, debemos señalar que en Chile es fundamental una legislación adecuada. Una protección de datos moderna y ajustada a estándares constitucionales, con un Estado responsable. Una información que tenga un valor colectivo y que sea tratada con fines específicos y de prevención en casos excepcionalísimos, y que a su vez, sea un verdadero “código sagrado de conocimiento” que acompañe la memoria de las personas en su vida cívica para protegerlas frente a nuevos riesgos de la visa global. Por ello, es urgente concluir los esfuerzos de la ley de protección de datos con verdaderos derechos ARCO (acceso, rectificación, cancelación y oposición) y una institucionalidad responsable que los resguarde efectivamente.

Todos quisiéramos que cada vez esa experiencia en “modo coronavirus” cuando entregamos nuestro RUT, usamos una plataforma tecnológica para hacer una compra o solicitamos el salvoconducto para movilizarnos en tiempos de cuarentena, no significara información en vano que se entrega sin sentido en el tiempo y el espacio.

El coronavirus nos ha expuesto a una revolución en varios frentes: el de la salud pública y el digital. Son los más intensos y evidentes.

Todos los días, desde que despertamos, usamos nuestros teléfonos inteligentes, los computadores, Ipad, o cuando salimos a la calle lo ponemos en evidencia.

Para ambas revoluciones necesitamos más cooperación internacional, mejor información, más inteligencia y valor en nuestros datos. Solo así estaremos más preparados para enfrentar nuevos desafíos que vendrán de la mano del conocimiento y la innovación.

Pongámonos a tono desde el Estado y el sector privado, y démosle la relevancia que tiene, culminando los esfuerzos legislativos de tantos y por años, en este tema en donde es justo reconocer el esfuerzo del senador Harboe, quien le ha dado consistencia técnica al debate en el tiempo.

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Autora: Soledad Alvear | Medio: La Tercera.

Las noticias que llegan desde Europa son un presagio de los problemas que deberá enfrentar el sistema sanitario chileno, entonces debemos debatir. Pienso en los dilemas morales que significará satisfacer las necesidades hospitalarias de pacientes Covid críticos, el acceso a Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y a ventilación prolongada. La pandemia ha obligado a suspender cirugías electivas y cerrar otros servicios en favor de la atención por Covid-19. Pero también a decidir “qué paciente recibirá atención preferencial” y quiénes no.

El dilema, en concreto, está radicado en definir si el sistema ético de la medicina occidental y en tiempos de normalidad, que establece límites morales vinculados a valores sociales sustanciales, se puede seguir usando durante esta crisis. Muchos hospitales, tanto en Italia como España, han decidido distinguir, para aquello, entre sistemas éticos de normalidad y abundancia y “una medicina de desastre” o la llamada ética de “paréntesis”, optando por las intensas y profundas consecuencias de esta última. Dice la experiencia de Italia, que en momentos difíciles, se ha cruzado el límite del cuidado del paciente individual por una ética del “de salud pública”. En un escenario de “medicina de desastre” se ha usado una ética del paréntesis basada en un “utilitarismo moderado”, que justificaría negar el ingreso por la edad, o por el orden de llegada, o a pacientes discapacitados. Pero ¿es justo y moral que, en la búsqueda de salvar la mayor cantidad de vidas posible, se termine salvando la mayor cantidad de jóvenes posible?

Me parece que la respuesta debe estar orientada por un equilibrio que no es incompatible entre el cuidado personal del enfermo y la ética de la salud pública. El límite lo provee la dignidad humana y que exige de cada uno y, en especial, del Estado, una comprensión de que “nadie sobra”. Cada uno de los ciudadanos de esta patria cuenta. Aquello implica que no es tiempo de éticas de “paréntesis” que -como en los negocios -busquen alcanzar frías maximizaciones basadas en cálculos consecuencialistas. Por el contrario, es el momento del “trato justo y digno”.

Aquello, sin embargo, no niega la necesidad de utilizar los recursos escasos de la manera más eficiente posible, al punto que estos deban ser distribuidos entre aquellos con posibilidades de ser curados. Sin embargo, rechaza adoptar para aquello criterios que generalizadamente discrimen por la edad u otros criterios accesorios como la discapacidad, la condición social, el origen y otras. Aquello significa que, mientras existan posibilidades de que el mecanismo clínico para un paciente concreto e, incluso con dificultades, aumente las probabilidades de sobrevida, no se puede negar por condiciones accesorias.

Solo una opción profundamente humanista nos permitirá seguir mirándonos las caras una vez que esta pandemia haya cesado.

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Medio: La Tercera

Figuras como el expresidente del Banco Central, Carlos Massad; la excanciller Soledad Alvear; los senadores RN, Francisco Chahuán y Manuel José Ossandón; el timonel de la DC Fuad Chahin; los expresidentes de esa colectividad Gutenberg Martínez y Juan Carlos Latorre; los diputados Miguel Ángel Calisto (DC), Leopoldo Pérez (RN) y Ximena Ossandón (RN); forman parte de una declaración de 170 políticos católicos latinoamericanos que exigen compromisos para superar la pandemia del Covid-19, como la reducción del gasto bélico, una renta básica temporal, el involucramiento de las iglesias en el acompañamiento psicológico, entre otras.

Al “Manifiesto Ético-Político de la Academia Latinoamericana de Líderes Católicos” adhieren personalidades de 16 países, entre ellos el exsecretario General de la OEA Miguel Angel Rodríguez; el expresidente de Ecuador, Osvaldo Hurtado; el vicepresidente de la Cámara de Diputados de México, Marco Adame; así como más de 40 parlamentarios en ejercicio, exministros de Estado, dirigentes sindicales, empresariales, entre otros.

El manifiesto hace eco a los mensajes del Papa Francisco y sostiene que para los políticos latinoamericanos “esta situación dramática exige respuestas concretas en cada país y respuestas regionales, dejar la inacción y asumir de manera corresponsable tareas comunes entre autoridades, sociedad y agentes sanitarios”.

Afirma, además que, “todas las acciones y compromisos para enfrentar la crisis deberán hacerse desde la perspectiva de impacto en los más vulnerables. Es necesario superar el silencio cómodo, propio de los indiferentes, para evocar una voz profética frente al dolor, el mal y la muerte causados por decisiones políticas que excluyen y marginan a quienes más lo necesitan porque son más vulnerables y frágiles, es decir, los más pobres”.

Asimismo, el texto señala que “cualquier intervención o acción debe hacerse desde tres principios fundamentales: el bien común; la dignidad humana y la solidaridad”. Y en esa línea se advierte que “el estilo del liderazgo político que se requiere es un estilo sinodal. La actitud dialógica y el espíritu desarmado también deben impregnar las relaciones sociales y políticas. Es el momento de rechazar cualquier atisbo de polarización. La línea de división real no se encuentra entre izquierdas o derechas, conservadores o progresistas. La verdadera línea de división se encuentra entre aquellos que están dispuestos a sacrificar a sus conciudadanos por agendas personales, de grupo o de partido; y aquellos que han entendido que la hora dramática de nuestra generación, nos debe unir para poner en primer lugar el interés de nuestros pueblos”. Finaliza el documento presentando una serie de propuestas concretas en materia sanitaria, comunicación, psicosociales, económicas e internacionales.

La Academia Latinoamericana de Líderes Católicos es un centro de formación internacional presidido por el Cardenal Carlos Aguiar, arzobispo primado de México y dirigido por el laico chileno José Antonio Rosas. Actualmente tiene centros de formación en 7 países de América Latina y más de 5000 egresados. Ha conformado redes de políticos católicos en distintos países.

VER MANIFIESTO COMPLETO AQUÍ

Medio: La Tercera.

PROYECTO DE LEY POR INDULTO

Señor Director:

Manifestamos nuestra preocupación por el rechazo al proyecto de ley presentado al Congreso Nacional por el Ejecutivo para paliar los eventuales efectos que el Covid-19 puede tener en la población penal. El proyecto de ley del Ministerio de Justicia busca conceder indulto general conmulativo a parte de la población penal privada de libertad que ha cometido delitos de baja peligrosidad.

La posibilidad de trasladar a imputados y condenados por delitos menores a sus domicilios para evitar contagios, no solo atiende a razones humanitarias en una situación extraordinaria de pandemia, también es una medida de seguridad para la sociedad, colaborando a «aplanar» la curva de contagio.

Si consideramos el hacinamiento de la población, esta medida resulta indispensable. De acuerdo a nuestra legislación, el Estado es garante de la integridad y seguridad de la población penal. Si llegaran a ocurrir desgracias en vidas humanas, el Estado de Chile puede ser sancionado de acuerdo al Derecho Internacional.

Esperamos que el veto aditivo anunciado por el Presidente sea aprobado en el Congreso Nacional a la brevedad.

Soledad Alvear.

Clemente Pérez.

Zarko Luksic.

Juan Pablo Glasinovic.

Gutenberg Martínez.